La orden fue dada por Iris Varela a miembros del Servicio Penitenciario de Venezuela. Se suma a la advertencia hecha por Diosdado Cabello hace días.
Iris Varela, candidata del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y hasta hace dos meses ministra de Servicios Penitenciarios del régimen, envió un mensaje a los gerentes y directivos de este Ministerio (que aún controla en las sombras), ordenándoles despedir a todos los empleados que no participen este domingo 6 de diciembre en las elecciones parlamentarias convocadas por el chavismo.
Esta amenaza se suma a la que hizo el lunes Diosdado Cabello, quien en un mitin dijo: “El que no vota, no come. Para el que no vote, no hay comida. El que no vote, no come, se le aplica una cuarentena ahí sin comer”. Estos actos de intimidación y coacción evidencian una vez más que lo que ocurrirá este 6D no son unas elecciones libres, justas ni democráticas, sino un nuevo fraude de la dictadura de Nicolás Maduro.
“Este es un mensaje para todos los funcionarios, directores del Servicio Penitenciario”, comienza el audio que hizo llegar Varela a sus ex subordinados. “Tenemos una elección muy importante el próximo domingo. Yo le voy a decir a toda la gente que trabaja en el ministerio penitenciario, ¡el que no vote, que lo boten! Porque no tiene sentido que nosotros arriesguemos lo que nos estamos jugando el próximo domingo. Yo sé que mis camaradas todos son cumplidores. Garanticen su voto. Llegó el momento de defender la patria”, agrega la dirigente del régimen.
La amenaza de Varela se sumó así a la que gran parte de la estructura de la dictadura está ejerciendo, sobre todo, en los sectores más vulnerables de la población, aquellos que dependen de la asistencia estatal para sobrevivir en momentos de una crisis humanitaria sin precedentes para América Latina. La preocupación del chavismo radica, básicamente, en un tema central: si existiera baja concurrencia a las urnas el próximo domingo, los comicios tendrían una doble ilegitimidad. Al ser voluntario la asistencia a los centros de votación, es probable que la población no ejercite su derecho de manera masiva.
De esta forma, coaccionan y amenazan a los ciudadanos a votar, incluso por los llamados “candidatos funcionales” de la oposición, que según gente allegada al presidente interino Juan Guaidó son promovidos económicamente por el Palacio de Miraflores.
El régimen allanó una organización benéfica alimentaria
Las palabras de Cabello y Varela toma un cariz más amenazador al considerar que días atrás el régimen allanó la sede y congeló las cuentas de Alimenta la Solidaridad, una entidad benéfica que provee ayuda vital a decenas de miles de niños del país caribeño que no tienen otra fuente de acceso a alimentos.
El régimen ha acusado a la organización de canalizar donaciones extranjeras para la subversión política, sin presentar pruebas de la supuesta ofensa. La organización sin fines de lucro y sus aliados calificaron las acusaciones y las redadas como una cruel táctica política que pone en riesgo la vida de los ciudadanos más vulnerables del país.
Según consignó The New York Times, muchos de los niños obtienen su única comida diaria de la organización y muchos de ellos comen una parte de sus comidas para poder llevarle el resto a sus familiares.
“Las consecuencias de esto serán brutales”, aseguró Susana Raffalli, una destacada nutricionista y activista venezolana. “A partir de ahora todos los trabajadores sociales tendrán miedo de seguir trabajando”.
Cuando la economía de Venezuela comenzó a derrumbarse bajo el mandato de Maduro, la dictadura recortó de manera drástica el gasto en educación, atención médica e incluso ayuda alimentaria, lo que hizo que las organizaciones sin fines de lucro tuviesen que llenar ese vacío. El año pasado, solo el cuatro por ciento de los venezolanos ganaron lo suficiente para satisfacer sus necesidades básicas, según una encuesta realizada por las universidades públicas más prestigiosas del país.
Las próximas elecciones que impulsa el madurismo están teñidas de irregularidades y no contarán con la aceptación de la comunidad internacional. Entre las numerosas irregularidades, el Tribunal Supremo de Justicia controlado por Maduro intervino las directivas de los principales partidos políticos: Acción Democrática (AD); Primero Justicia (PJ); Voluntad Popular (VP); Copei; Bandera Roja; Acción Ciudadana en Positivo (Acep); Min-Unidad; Compromiso País (Compa), Patria Para Todos (PPT); Movimiento Electoral del Pueblo (MEP); Tupamaro y Partido Comunista (PCV), los últimos cuatro aliados históricos del chavismo, pero que en esta oportunidad decidieron romper con Maduro, lo cual deja ver que el régimen no solo atenta contra la oposición sino también contra disidentes de sus propias filas.
Fuente: Infobae
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